‘Ayotzinapa: La mentira histórica’ de Témoris Grecko

Ayotzinapa. La mentira histórica.

Témoris Grecko

Editorial Proceso.

Esta semana se cumplieron tres años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Hechos que cimbraron al país y que marcaron definitivamente a la presidencia de Enrique Peña Nieto, presidencia que se vendía ante el mundo entero como la que iba a “modernizar a México”. Sin embargo, la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala el 26 de septiembre de 2014, más los casos de Tlataya en el Estado de México, en donde varios jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros del ejército, o de Apatzingán en Michoacán, en donde versiones periodísticas señalan a miembros de la Policía Federal de atacar y asesinar a por lo menos 16 personas que protestaban desamadas frente al palacio municipal de aquella ciudad de la tierra caliente michoacana, son muestras del estado de represión y de impunidad que se ha ejercido en contra de los movimientos sociales y de la protesta ciudadana a lo largo de los cinco años que ha ejercido el poder el gobierno emanado del PRI.

Sin embargo el caso Ayotzinapa sacudió a la sociedad mexicana, que durante los meses posteriores a los hechos, salió masivamente a las calles, exigiendo la aparición de los estudiantes y una investigación exhaustiva de los hechos. Sabemos que eso no sucedió. El entonces Procurador General de la República, ante la presión de la ciudadanía y la necesidad política de disminuir la presión política que se cernía en contra del Presidente, se apresuró a salir a dar una conferencia de prensa para presentar lo que él llamo “La verdad histórica”, que al paso de los meses terminaría desmontada por el GIEI, grupo de investigadores independientes, que fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para aportar asistencia técnica en las investigaciones sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes, por petición del gobierno mexicano. Esto a pesar de que la prensa cercana al gobierno intento deslegitimar la presencia de los expertos, una vez que estos no validaron los resultados de la investigación oficial.

El GIEI demostró que la teoría de la incineración de los estudiantes en el basurero del vecino pueblo de Cocula era un error y dejó seis líneas de investigación, que hoy a un año y medio de la salida del país del grupo de expertos la PGR apenas sí ha retomado. Entre las líneas de investigación que el GIEI manifestó que se deben seguir se encuentran, por ejemplo, que pasó realmente pasó con el llamado “Quinto camión”, que en la investigación oficial se encuentra prácticamente ausente, cuál fue el papel jugado por las fuerzas federales (ejército y Policía Federal), que no ha sido documentado por completo, el papel que jugó la policía municipal de Huitzuco, que bajaron a algunos estudiantes de uno de los camiones y se los llevaron con rumbo desconocido.

Otra de las líneas de investigación que la PGR se ha negado a indagar, y que también fue señalada por los expertos del GIEI, es el de los celulares de los chicos. La PGR afirmó, a través de Murillo Karam, que todo lo que ellos llevaban esa noche fue quemado junto con ellos. Sin embargo pruebas periciales han demostrado que varios de esos equipos tuvieron señal y fueron usados hasta varios meses después de los hechos. Lo cual desmiente una vez más los resultados de la investigación encabezada por el Procurador y por Tomás Zerón de Lucío, quien en ese momento dirigía la Agencia de Investigación Criminal, y que fue señalado por los expertos de GIEI de realizar indagatorias ilegales como llevar a uno de los culpados de la desaparición de los estudiantes, a la ribera del Rio San Juan, sin abogado defensor, sin respetar la custodia del prisionero, sin señalar esta salida en el expediente correspondiente; es decir saltándose todos los protocolos legales que debería seguir el director de la investigación.

Todas estas omisiones, fallas, encubrimientos son señalados de manera clara y profunda por el periodista mexicano Témoris Grecko en su libro Ayotzinapa. La Mentira Histórica (Ediciones Proceso), en donde él también guionista del documental “Mirar morir. El ejército en la noche de Iguala” (2015) y autor de los libros “Canás. Francotiradores de la Siria rebelde” (2013), “La ola verde. La revolución en Irán en 2009” (2010) y “El vocero de Dios” (2008), además de ser coautor del libro “Los 12 mexicanos más pobres. El lado b de la lista de millonarios” (2016), desnuda las faltas y las omisiones del caso Ayotzinapa, pero además se adentra en el contexto social e histórico en el que se encuentra enmarcada la noche de Iguala, pues Guerrero es uno de los estados más pobres del país y el principal productor de heroína del país. Una droga que, justo en estos momentos, está viviendo un boom de consumo en los Estados Unidos, en donde solo el año pasado murieron por sobredosis 35 mil personas. El estado de Guerrero es el principal productor de la goma de opio y también es el estado más violento del país, con 2200 asesinatos en 2016.

El periodista mexicano inicia el libro con lo que él llama el “Pentágono de la Amapola”: los municipios y las regiones del estado en donde se produce la goma de opio necesaria para producir la heroína que después será enviada a los Estados Unidos, a través de autobuses de pasajeros, como los que los estudiantes tomaron de la central de camiones de Iguala.

Algunas estimaciones sitúan en 55 mil millones de dólares el negocio de la heroína, de la cual el 90% que se consumen en Estados Unidos proviene de México. Un negocio enorme que tiene su principal punto de producción en los campos empobrecidos y abruptos de la montaña y sierra de Guerrero.

El pentágono de la heroína se cierne de Iguala a Teloloapan, por la sierra, la Tierra Caliente, que colinda con Michoacán y el Estado de México, la Costa Grande hasta Acapulco y de ahí sube hacia Chilpancingo acercándose a Tixtla, ciudad en donde se encuentra la Normal, para regresar a Iguala. Toda esta zona se encuentra inmersa en una disputa sangrienta entre varios diez carteles del narcotráfico, varios de ellos remanentes del cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Además de grupos delincuenciales como La Familia Michoacana, remanentes de Los Caballeros Templarios, de los Beltrán Leyva, el Cartel de La Sierra, Los Ardillos, Los Rojos o Los Guerreros Unidos, que mantienen varios frentes abiertos de disputa por los campos amapola o las rutas de trasiego, se encuentran además los grupos de autodefensas, como la UPOEG, que ha sufrido varias escisiones, que según algunos especialistas en materia de seguridad, le dan una fachada legal a grupos armados, que sirven a uno u otro grupo del narcotráfico, que en muchos municipios se encuentra coludidos con los grupos políticos locales, y ponen y quitan a los secretarios de seguridad locales, controlando toda la vida en esos lugares.

En medio de esa vorágine de sangre y fuego hay un poder que se ha mantenido incólume desde los tiempos de la llamada Guerra Sucia: El ejército. Nada pasa, nada sucede, nada se mueve en Guerrero sin que los militares se enteren. Por eso resulta fantasioso creer que una operación de la envergadura de la noche de Iguala haya pasado inadvertida por parte de los militares del batallón No. 27 asentado en esa ciudad, que por otro lado, se ha convertido en el epicentro del tráfico de la heroína.

La operación para impedir la salida de los estudiantes de Ayotzinapa de Iguala con los 5 autobuses de los que se habían apoderado, se extendió por más de 80 kilómetros cuadrados, a lo largo y ancho de la ciudad, y ocupo a policías de 3 municipios, Iguala, Cocula, Huitzuco, a policías federales, que fueron testigos de la represión y del secuestro de los estudiantes que iban en el camión que intento salir de la ciudad por el Tribunal de Justicia, que es una autopista federal en la cual los policías municipales no tienen jurisdicción. Además del mismo ejército estuvo enterado en tiempo real de todo lo que sucedía y que sabía de la llegada de los estudiantes con horas de antelación.

Para Témoris Grecko es obvio que el Estado mexicano pretende encubrir aspectos de la investigación, algo a lo que él llama como las líneas rojas que las instituciones de procuración de justicia no están dispuestas a cruzar: Investigar al ejército, investigar a los políticos de Guerrero, que han actuado a lo largo de los años como verdaderos caciques en las regiones en donde tienen mayor influencia, e investigar el tráfico de heroína, que sale de Guerrero y que debe estar protegido desde los más altos niveles, para permitir que los cargamentos crucen la mitad del país sin ser detectados.

Estas líneas rojas que no se cruzan explicarían en empecinamiento del Estado mexicano para sustentar toda su mentira histórica. Todo el caso de la PGR se sustentado en los testimonios de seis personas, testimonios que, por otro lado, se contradicen en cuanto a lugares, horarios, fechas, de lo que supuestamente sucedió. Por lo demás el gobierno mexicano solo tiene el hueso de Alexander Mora, obtenido a través de las diligencias ilegales realizadas por Tomás Zeron.

Esta negativa del Estado mexicano para investigar más allá de estas líneas rojas que se autoimpuso nos deja claro que existen motivos muy fuertes para cerrar el caso y declarar que los 43 estudiantes fallecieron, en vez de seguir investigando y desmontar todas las cadenas de impunidad que han impedido que tres años después de lo sucedido los ciudadanos mexicanos sepamos qué fue lo que en realidad paso con los estudiantes.

Recientemente el equipo de seguimiento de la CIDH en su tercera visita solicitó expresamente al gobierno mexicano que retirará de su narrativa la muerte y la supuesta incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula, ya que esto no había sido probado por nadie. Pedía que el gobierno mexicano mantuviera el caso abierto y que se refirieran a los estudiantes como desaparecidos. La PGR aceptó estas recomendaciones, pero un día después Tomás Zerón, que tuvo que salir de la AIC después de ser señalado por el mal manejo de las investigaciones, manifestó públicamente que las conclusiones de la mentira histórica se mantenían. Esto contrariaba lo que los investigadores oficiales habían manifestado solo unas horas antes. Esto nos permite ver que hay fuerzas al interior del gobierno mexicano decididas a impedir que las investigaciones den resultado.

El libro de Ayotzinapa. Mentira histórica de Témoris Grecko nos permite entender a cabalidad el contexto social, político y delincuencial que controla Guerrero, con el visto bueno del ejército y de las autoridades federales. La descomposición de Guerrero parece formar parte de un plan macabro orquestado desde las más altas esferas del poder para controlar las riquezas naturales del estado, ejerciendo una represión despiadada en contra de todos los movimientos sociales que protesten en contra de la situación en donde políticos corruptos, narcotraficantes coludidos con las fuerzas políticas, empresarios y militares, son los únicos que parecen beneficiarse del caos que se vive en la entidad.