‘La vida o el mineral: Los cuatro ciclos del despojo minero en México’ de Francisco López Bárcenas.


La vida o el mineral. Los cuatro ciclos del despojo minero en México

Francisco López Bárcenas 

Editorial Akal

En las últimas semanas hemos escuchado y hemos sido testigos de la participación de diferentes hombres de negocios que ‘alertan’ sobre el riesgo de que México caiga en el populismo político. Esto, en relación, al puntero de las campañas presidenciales (‘Ya sabes quién’) que se están llevando a cabo en nuestro país y que definirán el próximo 1 de julio. Por suerte.

Uno de los empresarios que envío una carta abierta a sus empleados, que después se hizo pública, fue Germán Larrea, accionista de Grupo México y quien es considerado el segundo hombre más rico de México. Grupo México, encabezado por Larrea, es un grupo empresarial con fuertes intereses en la industria minera en nuestro país.

Una industria que como nos dice el investigador oaxaqueño Francisco López Bárcenas en el prólogo de su libro, La vida o el mineral. Los cuatro ciclos del despojo minero en México, publicado por la Editorial Akal, es ‘una industria floreciente, tan sólo superada por la petrolera, la automotriz y las remesas de los migrantes. Su incidencia en la economía comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre ComercioTLC ) entre nuestro país, Estados Unidos de América y Canadá, dos hechos fundamentales en el futuro de la industria minera; el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación y la inversión extranjera en este sector económico para facilitarla, mientras el segundo marcó sus nuevas pautas, que no se reducen a la legislación, pues incluyen el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, los usos del suelo, el agua necesaria para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro. De esta manera se construyeron las vías por las cuales la globalización se instaló en nuestro país’.

Justo la semana pasada la organización de la sociedad civil Fundar presentó el Anuario ‘Las actividades extractivas en México‘ (Que se puede consultar en el siguiente link, que nos deja en claro que la bonanza extractivista que se vive en México desde principios del siglo XXI, no se ha reflejado en la mejora de vida para los mexicanos en su conjunto. Ni en las comunidades que conviven directamente con las empresas mineras (mexicanas y extranjeras), ni en las finanzas públicas del país, ya que muchas de estas grandes empresas mineras no están pagando la totalidad de los impuestos que correspondería a las ganancias que están obteniendo por la explotación minera que han venido realizando como producto de las reformas constitucionales mencionadas por López Bárcenas.

Francisco López Bárcenas es un investigador nacido en la comunidad de Santa Rosa Caxtlahuaca en la mixteca oaxaqueña, y cuenta con estudios de posgrado en Derecho y Desarrollo Rural, es Profesor, investigador y asesor de comunidades indígenas y ha desempeñado cargos comunitarios en su localidad de origen, y también ha documentado la historia de los pueblos mixtecos, de los movimientos indígenas contemporáneos y las transformaciones del Estado y de su legislación y entre sus libros más importantes se encuentran Legislación y derechos indígenas en México (1998), Autonomía y Derechos Indígenas en México (1998), La Diversidad mutilada. Los Derechos indígenas en el estado de Oaxaca (2001), La Tierra no se vende. Las tierras y los territorios de los pueblos indígenas en México’ (2015) y ‘El régimen de la propiedad agraria en México’ (2017).

En La vida o el mineral, López Bárcenas descubre y describe los cuatro ciclos históricos de explotación de la industria minera, todos en beneficio de capitales extranjeros, y para demostrarlo analiza las leyes que han regulado la actividad minera desde la Época Colonial, pasando por las primeras leyes escritas en la materia posterior al movimiento de Independencia de México, que buscaba atraer a grandes capitales extranjeros, que explotarán las minas que los españoles habían abandonado, y que serían consolidadas en beneficio de unas cuantas empresas (Inglesas, francesas y norteamericanas) y unas cuantas familias durante la Dictadura de Porfirio Díaz. El cuarto ciclo de despojo analizado por López Bárcenas se dio desde mediados del siglo XX, ya que la Revolución Mexicana se permitió una pausa al despojo de tierras, propiedades y riquezas que las leyes y las estructuras gubernamentales habían protegido durante 400 años. Sin embargo, esta pausa no duró mucho, pues los gobiernos emanados del PRI empezaron a trasformar las leyes secundarias para permitir la entrada de capitales privados, que no estaba reconocidos en el Artículo 27 de la Constitución. Pero fue hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari que estas reformas económicas neoliberales se aceleraron y acentuaron, con nefastas consecuencias para las comunidades, para el ecosistema nacional y para la economía pública de México.

Este ciclo de despojo se ha acentuado en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, en donde a las grandes empresas se les ha beneficiado con largas concesiones para explotar el subsuelo nacional, exentándolas de pagar todos los impuestos correspondientes.

Para muestra basta decir qué en 2017 a pesar de producir 417 mil millones de pesos, la industria minera apenas contribuyó en 1% a los ingresos fiscales del gobierno federal.

López Bárcenas logra diseccionar este proceso de despojo desde las leyes de la época colonial, qué a pesar de respetar el derecho de las comunidades de su tierra, las despojaban en cuanto se descubrían vetas de minerales. Estas prácticas continuaron en el México independiente, siempre a partir de la idea de progreso nacional, que jamás se vieron reflejados en beneficio de las comunidades o del país en general.

El libro del investigador oaxaqueño analiza estos cuatro ciclos que hemos mencionado desde los ejes de la acumulación originaria y ampliada del capital, el discurso jurídico que la legitima y el papel que el Estado mexicano ha jugado en todo este proceso. Para ello López Bárcenas analizó tanto las leyes, constitucionales y secundarias, que construyen el entramado legal que ha permitido este despojo histórico, además de describirnos las instituciones que México ha creado a lo largo de la historia para operar la industria minera y las políticas instrumentadas para lograr sus propósitos.

Mención especial merece el capítulo dedicado a analizar el régimen jurídico de las tierras y de los recursos naturales emanados de la Revolución Mexicana. En un primer momento la política derivada de la Constitución de 1917 defendía la propiedad originaria y otorgaba el derecho de propiedad de los recursos naturales (del suelo y del subsuelo) a la Nación. Sin embargo, los cambios legales llevados poco a poco por los gobiernos Postrevolucionarios fueron menoscabando esta visión. Este capítulo resulta central para entender la forma en que las empresas extranjeras operan en México, ya que se muestra cómo la propiedad de la nación sobre los recursos naturales para beneficio exclusivo de los empresarios, y el régimen de concesión como forma excepcional para los particulares se ha desnaturalizado hasta convertirlos en vías de despojo, lo que ha dejado la soberanía nacional en entredicho.

López Bárcenas examina posteriormente las formas en que las empresas concesionarias pueden ocupar hoy la tierra bajo la cual se encuentran los minerales y las formas de protección al ambiente, que es justo en donde se dan los principales conflictos entre campesinos, pueblos indígenas y empresas.

En ese sentido, según datos del 2017 se han incrementado los proyectos mineros de oro -el año pasado eran 513, es decir 43 más que el anterior-; de plata –199, nueve más que en 2016-; y de cobre, con 87 proyectos vigentes, -6 más, pero el desarrollo y el bienestar no han llegado a las comunidades ni a los municipios, pues más de la mitad de los 22 municipios mexicanos que concentran la producción nacional de oro sufre una tasa de pobreza extrema mayor al promedio nacional y 76% de ellos rebasa el promedio nacional de población en situación de pobreza. Solo basta señalar que los duelos de varias de las empresas mineras más importantes son de los hombres más ricos del mundo, según la lista elaborada por Forbes: Carlos Slim es dueño de Frisco, Germán Larrea es accionista mayoritario de Grupo México, lo mismo que Alberto Bailleres de Grupo Bal. Sin embargo, las ganancias generadas por la minería no están siendo distribuida equitativamente entre la población mexicana. Por ejemplo, según datos de la Auditoría Superior de la Federación reportó en 2010 que las multinacionales mineras tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos, entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron 6 mil millones de pesos en impuestos. Poco más del 1%

Grupo México tampoco es reconocido por las condiciones laborales de sus minas, ya que es dueño de Pasta de Conchos, mina tristemente célebre por sus malas condiciones laborales y en donde fallecieron 63 mineros en el 2006 al derrumbarse la mina. O por el derrame de sustancias tóxicas que contaminó el Río Sonora en el 2014.

La Ley Minera de 1993, promulgada en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, dio grandes facilidades para la privatización del sector minero y también para la inversión extranjera en esta actividad económica; esta ley también eliminó por completo el régimen de regalías, el cual es común en la industria minera en todas partes del mundo. El sistema impositivo mexicano sólo impone el pago de 1.2% sobre el valor del producto exportado. Las empresas mineras sólo pagan impuestos federales, ningún impuesto estatal, ni municipal.

Las empresas mineras, nacionales y extranjeras, no sólo reciben exenciones fiscales y leyes muy blandas en lo que respecta a la seguridad de los trabajadores mineros, sino también la concesión de grandes extensiones del territorio nacional. Se calcula que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, concesionaron 52 millones de hectáreas a empresas mineras, según datos de la Dirección General de Minas, esto equivale al 26% del territorio nacional.

El trabajo de López Bárcenas vio a dar cuenta de que esta gran industria está controlada por unas cuántas empresas, que han deteriorado las condiciones de vida de miles de México y no están aportando a las arcas nacionales, a pesar de generar grandes riquezas. México es una potencia minera, pero este despojo de tierra, de recursos naturales, de las grandes cantidades de minerales extraídos, no se están viendo reflejados en nuestro país. En ese sentido, existe muy poca diferencia entre lo que sucedía en la Nueva España, cuando éramos una colonia extranjera, y lo que está sucediendo en el México del siglo XXI.